Una ONG denunció ayer por la violación de los deberes de funcionario público a la jueza pampeana que en 2020 le otorgó la custodia de Lucio Dupuy a su madre y a la pareja de esta, quienes actualmente están detenidas por el crimen del niño, a la espera de que el próximo jueves un tribunal de juicio resuelva si son o no culpables, informaron fuentes judiciales.
El 22 de diciembre terminaron las audiencias del juicio que tiene como acusadas a Magdalena Espósito, madre del menor, y su pareja, Abigail Páez; mañana se conocerá el veredicto.
La presentación por el supuesto mal desempeño de una jueza fue realizada hoy por la Fundación Más Vida ante el Ministerio Público Fiscal (MPF) de La Pampa, y recayó sobre la magistrada Ana Clara Pérez Ballester, a cargo del Juzgado de Familia y del Menor 1 de la Segunda Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de General Pico.
La jueza fue denuncia por el delito de “violación de los deberes de funcionario público”, ya que, entre otras cosas, “en su condición de magistrada de Familia se desinteresó absolutamente de la situación en que se encontraba la víctima al haber homologado -sin más trámite- un pretendido acuerdo de tenencia entre la progenitora de Lucio y sus tíos, Maximiliano Dupuy y Leticia Hidalgo, quienes tenían la tutela del menor”.
Raúl Magnasco, presidente de la Fundación Más Vida, dijo anoche a Télam que la magistrada “fue parcial en el obrar de la causa sobre la tenencia de Lucio, desde el momento en que la progenitora abandona a Lucio, y se les otorga la tenencia a los tíos de éste, y previo a otorgarla se somete a dicho matrimonio a todo tipo de pericia y análisis socio-ambientales, estudios que no se realizaron al momento de entregar a Lucio a su progenitora y pareja dos años después”.
”No se contó con intervención de especialista alguno, en la seguridad de que si se hubiera establecido el mismo procedimiento seguramente éste habría advertido a la juez de la incapacidad de la progenitora y su pareja de acoger a Lucio”, aseguró Magnasco.
En ese sentido, añadió: “Encontramos en el mal proceder de la jueza, que no veló por la integridad de Lucio, además, que violó la Ley 26.061 de protección integral de los derechos de los niños, y por tanto derivó en las torturas y violaciones impartidas a Lucio, seguidas de su desgarradora muerte”.